Aborto en Chile: “Es difícil que se pueda modificar la ley”

El 21 de agosto de 2017, el Tribunal Constitucional de Chile (TCC) refrendó la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: cuando haya peligro de vida para la mujer, por inviabilidad fetal de carácter letal y por embarazo por violación. Fueron meses de intensos debates y discusiones, de recorridos por distintas instancias legislativas y judiciales hasta que el TCC, con seis votos a favor y cuatro en contra, dictaminó que la norma no vulnera la Constitución, desestimando los recursos presentados por Chile Vamos, la coalición política que, meses más tarde, llevaría a la presidencia a Sebastián Piñera. De esta forma, Chile abandonó la lista de los países en los que el aborto está prohibido en todas sus formas, incluso en casos de violación.

Si bien desde 1874 el aborto se encuadraba como delito en el Código Penal, a partir de 1931 el Código Sanitario chileno permitió la práctica de interrupción del embarazo con fines terapéuticos. Fue durante la dictadura de Augusto Pinochet que esto se modificó y, nuevamente, se estableció que “no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”. La ley de aborto no punible en tres causales, sancionada durante el último gobierno de Michelle Bachelet, constituyó una reparación para las mujeres chilenas y una victoria del movimiento de mujeres que encabezó una larga campaña por su aprobación.

“La normativa vigente sobre interrupción del embarazo, que la prohíbe sin excepciones, no responde al trato digno que el Estado de Chile debe otorgar a sus ciudadanas en estas situaciones, y sitúa a nuestro país como uno de los cuatro en el mundo que lo criminaliza en todas sus modalidades, además del Vaticano: Chile, Nicaragua, El Salvador y Malta”, decía la entonces presidente Bachelet al momento de ingresar el proyecto a la Cámara de Diputados. A partir de allí, el proyecto de ley pasó por la Cámara Baja; fue luego a Senadores, donde fue modificado; volvió a discutirse en la Cámara de Diputados, en la que se rechazaron dichos cambios, lo que implicó la conformación de una comisión mixta bicameral para su análisis; y, finalmente, fue despachado al Tribunal Constitucional para su revisión.

En la actualidad, la llegada de la derecha al gobierno sembró un manto de dudas acerca del futuro de la ley, de las condiciones de su implementación y de la posibilidad de un retroceso en materia de salud sexual y reproductiva. Sebastián Piñera lo adelantó durante la campaña electoral: “vamos a introducir cambios a la ley, hacer un esfuerzo muy grande para que el Estado, la sociedad civil, acompañe, apoye y ayude a todas las madres que están experimentando embarazos vulnerables, para lograr en la medida de lo posible que estos terminen dando una nueva vida”. Para analizar más en detalle la actualidad de la ley de tres causales en este nuevo contexto político chileno, L’Ombelico del Mondo dialogó con Claudia Dides, directora ejecutiva de Miles, una de las organizaciones de la sociedad civil que formó parte del impulso del debate y se comprometió con una reivindicación histórica del movimiento de mujeres chileno.

En principio preguntarle, antes de llegar al debate que llevó a la ley, ¿qué está sucediendo en este momento? ¿Qué es esta intención del gobierno de Piñera de desvirtuar de alguna manera la intención que tenía la ley de las tres causales?

–Lo que nos sucedió, desde que volvió a la presidencia Sebastián Piñera, es que hubo un cambio en el protocolo de la objeción de conciencia que, efectivamente, favorece a las clínicas privadas y a hospitales privados que reciben fondos del Estado. Esto tiene que ver, básicamente, con que el TCC declaró en su fallo que siguiese la objeción de conciencia institucional. Yo creo que es el obstáculo que nos dejó, en el marco de estas tres causales, el TCC, y la verdad es que el cambio de protocolo se enmarca dentro de lo que dice el Tribunal. No se enmarca dentro de lo que ha sido el apoyo ciudadano ni de lo que las mujeres esperaban. Y eso quiere decir que las mujeres chilenas que tienen planes privados de salud, en una clínica privada, si se tienen que hacer un aborto por alguna de las tres causales no lo podrán hacer, porque las instituciones se adjudican la decisión de ser objetoras institucionales. Es lo que nosotros cuestionamos como principio, que la institución no tiene conciencia; puede tener un  ideario, pero no conciencia. La objeción de conciencia la realizan las personas. Yo creo que es un obstáculo porque puede dejar a un número importante de mujeres sin acceder.

“La institución no tiene conciencia; puede tener un  ideario, pero no conciencia. La objeción de conciencia la realizan las personas”.

Se le quiere solicitar al gobierno un cambio de ese protocolo. Para ello ha habido dos tipos de acciones: una de ellas tiene que ver con las mujeres que se atienden en clínicas privadas y tienen que ser derivadas en caso que los costos los haga esa clínica y no el Estado (es una solución a esa problemática, pero no es una solución definitiva a lo que estamos cuestionando). Y por otro lado, se han presentado diferentes recursos a la Contraloría General de la República para que se puedan manifestar respecto a este cambio de protocolo. Es una cuestión administrativa, vamos a dar la pelea por ahí, planteando que el principal obstáculo que consagró el TCC es el que impone a las instituciones como objetoras. Hace parte de la cultura chilena que algunas leyes que tienen que ver con el ejecución de derechos de las personas dejan estas trampas, estas cuestiones no resueltas, que no son parte de las negociaciones que se tuvieron el año pasado con los partidos de la Nueva Mayoría. Como organización de la sociedad civil, lo que hacemos es monitorear lo que hacen todos los gobiernos en pos de los derechos de las mujeres, y cuando no, obviamente, levantamos y alzamos la voz.

–Tuvimos la posibilidad de analizar el proceso de la legalización del aborto en Uruguay y allá también sucedió algo parecido. Es decir, una vez que se aprobó la ley empezaron a aparecer estos protocolos, reglamentaciones, decisiones por parte de instituciones públicas y privadas para limitar lo que era el espíritu de la ley. Ahora, uno entiende que en el marco de la situación uruguaya, donde hay un gobierno que, en principio, debería tratar de defender los derechos adquiridos de la población, esto se debe dar en un ámbito de negociación. En Chile, en cambio, ahora que tenemos la vuelta de la derecha al poder, ¿este tipo de actitudes no generan inclusive miedo de que se puedan perder algunos derechos adquiridos?

–Es difícil que se pueda perder la ley o volver a modificar la ley, porque no tienen mayoría en el Parlamento. En Chile ocurre un fenómeno, que es importante conocerlo en términos políticos, que tiene que ver con la emergencia del Frente Amplio y los nuevos diputados y diputadas que no pertenecen a esta figura binominal que tuvimos en Chile por más de 28 años. Y esto configura el Parlamento de otra manera. Por lo tanto, para cualquier modificación de la ley, la derecha no tiene la mayoría de los votos; yo creo que eso es importante. Sin embargo, lo que puede haber son estos obstáculos que se dan en la implementación de la ley. Hemos tenido, esta última semana, una seguidilla de denuncias de clínicas privadas, incluso de gente de hospitales públicos que se asumen como objetores de conciencia. Como bien tú decías, no es diferente a lo que ocurre en otros países cuando aparece la ley que declara aborto por causales o por clase. Es un fenómeno que se repite en América Latina y me parece que los obstáculos van a venir por la implementación más que en un cambio en la ley. Porque ellos, en realidad, se adhirieron a lo que decía el Tribunal Constitucional.

La ley se reduce a que las mujeres pueden ir a un sector de los hospitales a invocar poder hacerse el aborto por las tres causales. Queda un trabajo largo que tiene que ver con concientizar a las mujeres sobre cuáles son sus derechos, trabajar con los prestadores de salud, trabajar con los médicos. Y yo creo que estamos en un proceso bien complejo porque, hoy día, se pueden sentir estigmatizados, por un lado; y por otro lado, hay que recordar que Chile durante 28 años no pudo acceder en materia de salud a las últimas tecnologías y técnicas médicas para poder hacer un aborto. Así que tenemos retrasos en varias cosas, pero también estamos esperanzadas. Ya se ha cumplido la ley, las mujeres que han decidido hacerse un aborto en los tres causales llevan 111 casos en estos meses, a partir del mes de septiembre, más o menos. Esto nos da la esperanza de que, efectivamente, hay mujeres que ya han podido invocar a la ley, se han atrevido, y ese es un proceso. Obviamente la información es muy importante, sobre todo cuando un gobierno tiene los medios para poder instruir en los distintos municipios, poder instruir las regiones del país; y, directamente, nosotros no hemos visto una voluntad por parte del gobierno de informar sobre la ley. Una frase que se utiliza mucho es “vamos a cumplir la ley”, pero las leyes se cumplen también informando a la población de qué se trata, cómo se hace. Y ahí yo creo que vamos a tener algunas dificultades, pero estamos a la espera de los próximos pasos: qué va a pasar con la Contraloría de la República, qué va a pasar además con la implementación. Nosotros ya hemos capacitado a más de 600 profesionales de salud en todo el país y esperamos seguir pudiendo contribuir para que las mujeres puedan acceder al aborto en estas tres causales. Pero, sin dudas, es un tema todavía polémico que, a pesar de tener un 72% de aprobación de la población, los que tienen que ejecutar la acción de interrumpir el embarazo –los prestadores de salud– notamos que están todavía un poco asustados, medio temerosos. Yo creo que es un proceso lento, es un cambio cultural muy potente el que se está haciendo en Chile y al cual nosotros vamos a contribuir obviamente.

“Las leyes se cumplen también informando a la población de qué se trata, cómo se hace”.

¿Cómo analizan desde Miles y desde el movimiento de mujeres de Chile al gobierno de Michelle Bachelet? ¿Creés que la presencia de mujeres en las máximas instancias de poder, como es la presidencia de un país, ayuda al movimiento de mujeres o si no es una condición necesaria que una presidente sea mujer para que el movimiento de mujeres avance?

Lo que pasa es que tuvimos la suerte de tener a una mujer que tenía clara conciencia de cuáles eran los derechos de las mujeres; y, por lo tanto, eso ayudó e impulsó porque, en el fondo, nosotras nunca tuvimos que convencer a la presidente de la República de esta cuestión. Yo creo que, más bien, siempre hubo voluntad por parte de ella, e inclusive diría que algunos partidos que apoyaban su coalición de gobierno no fueron cómplices de la presidente, durante el tiempo que gobernó, en esta materia. Me parece que ayuda cuando es una mujer que tiene conciencia de los derechos de las mujeres o de la perspectiva de género, de cuáles son las situaciones de vulnerabilidad, de las violencias que se ejercen contra las mujeres. Pero ser mujer no es una condición que te va a habilitar a defender los derechos de las mujeres. Yo creo que hemos tenido, en Chile y en otros países, mujeres que no necesariamente por el solo hecho de ser mujeres van a apoyar los derechos de las mujeres. Creo que tuvimos la suerte de tener una mujer que tenía conciencia y eso nos ayudó muchísimo, pero tenemos que reivindicar que ojalá que las mujeres que lleguen al poder tengan esta conciencia para que puedan luchar y convencer a los que no están convencidos de por qué es importante dar estos pasos, sobre todo en América Latina que está tan atrasada.

Yo diría que nuestro continente tiene cifras bien complejas y desiguales en materia de salud sexual y reproductiva. Yo no sé si ustedes saben pero Chile es el país de América Latina con más casos de VIH y es, justamente, porque tuvimos ausencia de políticas públicas. El gobierno pasado no se preocupó de la educación sexual; ahí nosotros fuimos bastante críticos con eso. Lo dejaron de lado porque, también, había poderes fácticos que nunca han querido apoyar las políticas de educación sexual. Y ahí el conservadurismo atraviesa a todos los partidos políticos. Es una constante que ha tenido no solamente Chile sino también América Latina. Depende mucho qué tipo de mujer asume el poder, por qué tipos de derechos ella va a luchar. No es condición suficiente para defender los derechos de las mujeres.

Vos sabés que aquí en la Argentina se está llevando adelante el debate a nivel legislativo. ¿Cuáles son para vos los consejos, los temas fundamentales que la opinión pública debería debatir de cara a este proceso que nosotros estamos empezando y que, para ustedes, fue realmente muy largo y muy intenso?

–Yo creo que hay una cuestión básica que tiene que ver con el ejercicio de un derecho. La posibilidad que tenga una mujer en cualquier país del mundo de poder decidir qué hacer con su proyecto de vida. Yo creo que es una cuestión fundamental, que cuesta mucho entender a los sectores conservadores que las mujeres tenemos derecho a decidir. Aparece siempre como consigna, pero es muy profunda esa consigna. Porque lo que está diciendo, primero, es que somos sujetas de derecho; después, que tenemos derecho a que el Estado nos garantice cuestiones en ese ámbito, de que nos puedan atender de buena manera en los servicios de salud, de que no nos puedan estigmatizar, que no nos lleven presas, que no nos castiguen. Yo creo que es un proceso tan profundo en cualquier sociedad latinoamericana porque América Latina es un continente muy machista, al que le cuesta entender que las mujeres tenemos voces. Y lo otro es que creo que debe ser un debate abierto, siempre muy de cara a todo el país donde puedan aparecer todas las opiniones.

Y, también, creo que hay que tener mucho cuidado respecto al tema laico. A mí me parece que cuando las Iglesias empiezan a involucrarse en las discusiones que tienen que ver básicamente con el ejercicio de derechos, creo que ahí tenemos un problema. Hay que recordar siempre que hay una separación entre el Estado y la Iglesia y creo que eso, en América Latina, a pesar de que pueda estar presente en las distintas constituciones, sin embargo vemos que hay un poder fáctico que está presente. Es la jerarquía de la Iglesia Católica la que influye, no son sus fieles. Ahí hay que hacer una distinción.

Y el tercer punto, es que yo creo que es un acto civilizatorio. Yo creo que lo que está ocurriendo en diversos países latinoamericanos es ponerse al día con el siglo XXI; es reconocer que las mujeres tenemos derecho a decidir. El acto civilizatorio es justamente reconocer eso. Y me parece que todas las discusiones que se van a tener, cuando hablen los médicos, el poder bio-médico, esa es una mirada; pero la principal es la de la mujer. Creo que es una cuestión que hay que respetar profundamente y discutir. Debatir siempre hace bien. No muy largo, por favor, porque creo que las discusiones largas agotan y no se reconoce que las mujeres la siguen pasando muy mal. Y sobre todo, entender que las leyes garantizan, que no obligan. Yo no conozco ninguna ley en el mundo que obligue a una mujer a abortar; solo conozco leyes que garantizan la posibilidad de elegir, y creo que eso es vital. También hay que respetar a aquellos que no están de acuerdo, pero aquellos que no lo están no pueden imponerme su verdad. Ustedes tendrán sus propias discusiones de acuerdo a su contexto y, en eso, una es espectadora; pero yo creo que eso es lo básico, sobre todo dar cuenta de un acto civilizatorio, moderno, democrático y del siglo XXI. Estamos discutiendo cuestiones hace más de 30 o 40 años, además con un retroceso muy fuerte por parte de los esquemas de garantías de los derechos de las mujeres. Así que, de verdad, me alegro profundamente que Argentina haya entrado en este debate. Tienen grandes mujeres ahí, un gran movimiento de mujeres en Argentina que seguramente va a estar a la altura de todo el debate que ya comenzaron.