La historia de la Masacre de Curuguaty

Niño en Marina Kue. Foto: Juan Ignacio Aréchaga Niño en Marina Kue. Foto: Juan Ignacio Aréchaga

Por Juan Ignacio Aréchaga y Luciana Rodríguez Sacco* |

La tierra se tiñe de rojo, el hierro muestra su intensidad camino a Curuguaty. En la prolongación de la ruta se pierde a la izquierda el río Paraguay, como un serpenteo lento. Atrás van quedando las pocas casas blancas de tejas rojas, las arboledas verdes rodeadas de palmeras. Atrás queda la ciudad capital, Asunción, y tras las primeras curvas, se adentra el allá, el otro, el campo. Desde las partes altas del terreno se ven los restos marrón claro de las últimas cosechas; los límites de la tierra se dispersan en el horizonte. Paulatinamente, las radios empiezan a confundirse: ni castellano ni mucho menos guaraní se escucha; el portugués impera como marca de una frontera corrida.

Allí llegaron hace más de un siglo, los pocos viejos y niños que formaban los rescoldos del ejército de Francisco Solano López en su larga marcha hacia el norte. Ocupada Asunción por los brasileños, el mariscal López declaró a Curuguaty como capital de la República en agosto de 1869. Era la última parada antes del final de la Guerra de la Triple Alianza, que dejaría diezmado a un país rico como el Paraguay y marcaría el cierre de una voluntad integracionista, justo allí, donde viviera exiliado por casi tres décadas el protector de los Pueblos Libres, el Karay-guazú[1] para los lugareños, Don José Gervasio Artigas. Al Paraguay próspero e independiente, sin deuda externa, que contaba con un Estado partícipe de su economía y era propietario de la mayor parte de la propiedad rural ―de 80 mil yardas de madera exportadas a Europa a mitad del siglo XIX, 50 mil pertenecían al Estado paraguayo[2]―, le quedaban pocos días. Las minorías extranjerizantes de Brasil, Argentina y Uruguay cumplían a rajatabla sus servicios al imperio inglés.

El 15 de junio de 2012, once campesinos y seis policías fueron asesinados en las tierras de Marina Kue, a escasos kilómetros de la ciudad, en lo que se denominaría como la Masacre de Curuguaty. Una semana después, el 22 de junio de 2012, este hecho sería el principal argumento para destituir al presidente Lugo en un juicio político calificado de exprés.

En ese lugar, en Curuguaty, a 250 kilómetros al noreste de Asunción, por última vez se transmite la orden a la población civil de no seguir al ejército. Pero nadie quiere separarse de esa caravana de agonizantes[3]. Mientras la voz del mariscal López “siga tronando por montes y laderas, la patria existe, y en pie queda la obligación de luchar por ella”, describe el militar y escritor Arturo Bray[4]. Seis meses después, el 28 de febrero de 1870 advierten la cercanía del ejército imperial. Indios caygús ofrecen en vano esconder al mariscal en sus tolderías: independencia o muerte será. Al día siguiente, en la profundidad de los bosques de Cerro-Corá, un soldado brasileño le daría un lanzazo al vientre del mariscal, quien, ante la negación de rendirse, pronunciaría la histórica frase “muero con mi patria”, poco antes de ser rematado con un fusil Mannlincher.

Casi un siglo y medio después, Curuguaty sería el epicentro de otro gran trauma en la sociedad paraguaya, que se cobraría la vida de diecisiete personas y dejaría trunco el proyecto político del gobierno de Fernando Lugo Méndez, a trece meses de su consumación. El 15 de junio de 2012, once campesinos y seis policías fueron asesinados en las tierras de Marina Kue, a escasos kilómetros de la ciudad, en lo que se denominaría como la Masacre de Curuguaty. Una semana después, el 22 de junio de 2012, este hecho sería el principal argumento para destituir al presidente Lugo en un juicio político calificado de exprés. Mientras los miembros del Mercosur y de la Unasur suspenderían al Paraguay de la participación en las reuniones de dichos organismos, la OEA, la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos terminarían por no condenar los hechos.

La Masacre de Curuguaty

Pocas cuadras atraviesan la avenida principal, cercada por una cantidad de bancos inverosímil. De noche, solo algunos puestos de comidas al paso dan vida a Curuguaty. La terminal de ómnibus está parcialmente cerrada, esperando los escasos micros que transitan. A unas dos cuadras, un guardia de un hotelucho cruza su escopeta sentado en una silla de plástico. En la calle no hay voces ni rumores. Tal vez, algún foráneo desprevenido podría pensar que allí nada pasa.

Alrededor de trescientos cuarenta agentes se habían desplazado hacia las afueras de Curuguaty, en dirección a las tierras de Marina Kue. En el amanecer del 15 de junio, los campesinos rancheaban tranquilos esperando el hervor del agua. Los de la capital les habían asegurado una victoria.

El Grupo Especial de Operaciones (GEO) había llegado por el sur, desde  Caaguazú y Alto Paraná. Dependiente de la Policía Nacional, con poder de fuego de armas de guerra, el GEO era el encargado de llevar adelante los continuos desalojos producidos en el interior de Paraguay, producto de una distribución de la tierra irrisoria, en un país fundamentalmente dedicado a la producción agrícola-ganadera y con una masa campesina cercana a la mitad de su población. Alrededor de trescientos cuarenta agentes se habían desplazado hacia las afueras de Curuguaty, en dirección a las tierras de Marina Kue.

En el amanecer del 15 de junio, los campesinos rancheaban tranquilos esperando el hervor del agua. Los de la capital les habían asegurado una victoria. Un abogado del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) ―instituto encargado de la tan postergada reforma agraria― se había apersonado en el monte donde acampaban los campesinos y, con expediente en mano, les afirmó: “Ya están ganando las tierras, es de ustedes, vayan haciendo nomás, rumbo”[5]. Pues, ¿quién no le creería al hombre que venía de la capital, a la autoridad? Tras largos meses de ocupaciones, le arrancarían al gobierno un compromiso más fuerte para conseguir su porción de tierra. Las colonias contiguas les habían quedado pequeñas, y estas dos mil hectáreas de tierras del Estado ―como les habían afirmado― promoverían el desarrollo de sus familias. Para los más jóvenes, era la oportunidad para instituir una familia y asentarse. Podrían cultivar sus zapallos, algodón, mandioca y vivir en y para sus comunidades. Por eso se vivía un clima cuál preparativos de fiestas. Los más chicos improvisaron unos tambores alrededor de la ronda del mate y los grandes rieron, conversando de sus futuros proyectos una vez que obtuvieran sus tierras.

Larga es la historia de Marina Kue, la tierra en disputa. Como muchas cosas en Paraguay, su conflictivo origen se remonta al epílogo de la Guerra de la Triple Alianza, cuando los capitales foráneos ―principalmente, ingleses― irrumpieron en la explotación del suelo paraguayo. La Industrial Paraguaya S.A. (LIPSA), actual propietaria de los dominios en cuestión según la Dirección del Registro de la Propiedad[6], es un ejemplo de ello. A raíz de la Ley de ventas de tierras públicas de 1885, “un grupo de hombres de negocios extranjeros e influyentes  políticos paraguayos  constituyen en 1886 LIPSA, que llegaría a ser la más grande y poderosa empresa yerbatera del Paraguay en el siglo XIX y gran parte del siglo XX”[7]. Desde esa época se concentró la propiedad territorial en pocas manos; para 1910 las tierras de LIPSA abarcaban 1.091 leguas cuadradas de superficie (25.431 Km²)[8]. Hacia 1960, cuando comenzó a agotarse la economía de enclave, LIPSA empezó a liquidar sus activos mobiliarios. No solo  vendió sus propiedades, además concedió fracciones al Estado por una deuda contraída con el mismo, y con el objetivo de que este instale cuarteles. Ya que en la década del 60, Paraguay se encontraba en un proceso de “colonización” del este de la Región Oriental. Así, el 13 de agosto de 1967, tras la mensura del lugar denominado Ybyra Pytã, distrito de Curuguaty, donó 2.821 hectáreas a la Armada Nacional[9]; es decir, al Estado paraguayo. Por eso, Marina Kue: en guaraní, Kue significa “que fue de”; o sea, el lugar que fue de la marina.

Tras la larga línea de continuidad de acumulación de tierras en pocas manos, la introducción de la soja transgénica al país reverdeció un proceso de expulsión y criminalización del campesinado en pos del avance de la frontera agrícola, en los albores del nuevo siglo. En este caso, de las 2.821 hectáreas que fueron donadas, hoy solo quedan 2 mil; mientras que el resto ha sido apropiado paulatinamente desde los `60 por uno de los compradores de las tierras de LIPSA: Blas N. Riquelme, antiguo senador de la Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado. Como quien achica su arco cuando el rival no lo mira, el influyente político colorado ha ido corriendo los mojones de sus propiedades lindantes, acaparándose de las tierras fiscales.

Cerca de media hora se tarda en llegar a Marina Kue desde Curuguaty por la ruta Nº 10, de profuso tránsito de camiones. De un lado de la ruta, se encuentra el acceso a la colonia Ybypytâ I, un camino de tierra colorada que se pierde en una bifurcación de vegetación silvestre. Es una colonia ganada hace dos décadas, cuando aún los montes copaban el paisaje. Junto a Ybypytâ II y colonia La Esperanza, son las comunidades campesinas de donde provenían la mayoría de los ocupantes de la tierra de Marina Kue, del otro lado de la ruta.

Desde temprano, cerca de las siete y media de la mañana, comenzó a desarrollarse el operativo. El capitán del GEO, Erven Lovera, luego de sobrevolar la zona en helicóptero le indicó a la fiscal Ninfa Aguilar que comenzarían. El Grupo Antimotines, desarmado y portando únicamente escudos, porras y balines de goma avanzaría en la primera línea; atrás quedaría el Grupo Táctico, pertrechado con armas[10]. Uno ingresaría por el lado izquierdo de la entrada a la finca, por el sector de la estancia Campos Morombí, y el otro por el derecho, por el camino que viene de la Hacienda La Paraguaya, rodeando a los campesinos que se encontraban en la entrada de la estancia, a alrededor de dos mil metros de la ruta. Los esperaban poco más de cincuenta, mujeres y niños incluidos.

―Están entrando muchos policías ―le dijo Fermín Paredes por teléfono a su hermana, desde el sitio.

―Váyanse hacia el monte, nomás ―respondió Martina, que se encontraba en su casa en la comunidad del frente, en Ybypytâ I.

―No, vamos a esperarle, nomás, si total van a venir autoridades con ellos y vamos a hablar.

―¡Qué bueno!, tranquilo, entonces.

―No, yo voy a cortar el teléfono: ya están llegando y seguro que vamos a hablar.

―Tranquilo ―le dijo.

Cortaron la comunicación, y comenzaron los primeros estruendos. Martina salió por el camino de tierra hasta el acceso a la comunidad. Un centenar de policías habían formado un cordón a lo largo de la ruta, impidiendo el ingreso a Marina Kue, al frente. Desde allí, vio entrar a la montada por el otro lado. Se escucharon más ráfagas de disparos. Los vecinos de las comunidades lindantes comenzaron a aglomerarse sobre la ruta.

Esta vez lo llamó Martina:

―¿Cómo estás? Porque yo estoy escuchando tiros.

―¡Yo ya estoy herido en las piernas! ―respondió entre gritos y sollozos―. Vean la forma cómo pueden entrar y puedan sacarme de acá para llevarme al hospital, porque ya voy a morir desangrado.

Martina corrió hacia los policías para pedirles que la dejaran entrar. “Mi hermano está ahí, ellos son campesinos, y él está herido; hablé con él y yo lo quiero sacar”, les decía. “No, ahí no vas a entrar, ahora hay enfrentamientos con policías y campesinos, y no vas a poder entrar”, le respondieron.

Adentro, ya habían caído quienes se habían encargado en los operativos anteriores de resolverlos de manera pacífica: Erven Lovera, el jefe del GEO, y Avelino Espínola, uno de los referentes de los campesinos. Casi en simultáneo, cuando se acercaban a negociar, recibieron los primeros disparos que se escucharon. Luego, vino la balacera.

Estela se encontró con el mismo cordón policial, ineludible. Estaba trabajando en un Centro de Salud de la zona cuando escuchó la noticia por la radio. Les dijo a sus compañeros que iba a ir para ahí, ya que uno de sus hijos estaba adentro. Al salir, unos motoqueros le preguntaron si tenía noticias, porque a esa altura ya estaban casi todos muertos. Por suerte había convencido a su otra hija de asistir al desfile de la escuela, en el que sus hijos habían participado tres días atrás, por lo cual ya no había vuelto a Marina Kue. Pero el más chico, de 18, con seguridad se encontraba en la ocupación. Adentro, en el conflicto que “era una guerra, parecía una película”[11]. Sin más que hacer, y fiel a su sentido del deber como trabajadora sanitaria, comenzó a ayudar a las brigadas de asistencia de Salto de Guairá y de Curuguaty. Hasta que por fin llegó el mensaje: “Ya estoy saliendo, me estoy escapando mamá”. El maizal maduro, de dos metros de alto, les había propinado de resguardo junto a otros compañeros. Por campo traviesa escaparon de la matanza.

Otra fue la suerte de Rubén Villalba. Se encontraba en la primera línea de los campesinos a unos pocos metros de Espínola, cuando cayó por un disparo que le rozó la cabeza, momento después de él. Al reincorporarse, atendió su celular que le sonaba. Lo llamaban desde la radio Fe y Alegría:

―Sí, Rubén, te estamos escuchando, se hizo el desalojo y hay heridos. Nos estás diciendo, Rubén.

―Sí, unos cuantos y también muertos, si, ¡hola!

―¿Habría fallecidos, Rubén?

―Sí, hay, hay.

―¿Y  dónde están ustedes ahora?

―Estamos en unos yuyales ―la voz es cada vez más agitada―.  ¡Hola!, ¡hola!

―Sí, Rubén, te escuchamos, te escuchamos…

Los días previos

Todos los campesinos muertos eran vecinos de la zona, ya sea de las comunidades fronterizas o de distritos próximos. En el caso de Luis (26) y Fermín Paredes (28), los dos hermanos de Martina asesinados, vivían en la comunidad Ybypytâ I donde su padre, Don Alberto Paredes, tenía diez hectáreas de tierra que trabajaban desde el origen de la comunidad, hace veinte años, aunque aún no poseían el título de su propiedad. Ambos eran agricultores; además, Fermín hacía trabajos como gomero para tener un dinero extra. Venían participando en la Comisión sin Tierra de Marina Kue desde el principio. Eran once hermanos y las diez hectáreas de su padre no alcanzaban; por eso, decidieron hacerse de las tierras públicas, tal como lo había hecho su papá. Incluso, habían participado del conflicto de enero, cuando el dirigente Leonor Rivas los había motivado para manifestarse contra las fiscalías de Curuguaty, y la policía y los cascos azules les reprimieron. Les sacaron sus motos, les pegaron y tiraron con balas de goma: un chico perdió un ojo. Ahí percibieron para quién jugaba Rivas, y lo echaron de la comisión. A decir de Martina, “él es campesino también, solo que le utiliza la empresa Campos Morombí, que se adueña de Marina Kue, que es de los Riquelme”[12]. Desplazado el presidente de la comisión, hicieron otra vez asamblea, nueva comisión e ingresaron a Marina Kue a comienzos de mayo, un mes y medio antes de la masacre.

Los campesinos reclamaron observar el documento que compruebe que las tierras en cuestión eran propiedad de la empresa Campos Morombí. Sabían que las tierras eran del Estado y que Blas N. Riquelme se las había apropiado: eran tierras malhabidas.

Por ese entonces, el 9 de mayo, fue cuando la fiscal Ninfa Aguilar de la Unidad Penal Nº 3 de la fiscalía zonal de Curuguaty, ordenó de oficio a la Sub Comisaría Nº 19 de la Colonia Campo Aguae que se establecieran en la propiedad de Campos Morombí S. C. y A. para constatar un supuesto hecho punible de invasión de inmueble ajeno[13]. Los policías verificaron el campamento de alrededor de ciento cincuenta personas, ubicados según el informe dictaminado, en las fincas Nº 72 y 1.352 y su desprendimiento 258, 259 y Finca Nº 30, en el Km 28 de la ruta Nº 10 “Las Residentas, dentro de la propiedad de Campos Morombí”. Días más tarde, el guardia de seguridad de la empresa Campos Morombí denunció haber sido expulsado por los campesinos de la casilla situada en la entrada del bosque de Marina Kue. Nuevamente, la policía concurrió el 17 y el 23 de mayo. El jefe de Orden y Seguridad del departamento, Miguel Ángel Anoni, constató a setenta campesinos, entre hombres, mujeres y niños, con los cuales entabló un diálogo para negociar la retirada del campamento. Como condición, los campesinos reclamaron observar el documento que compruebe que las tierras en cuestión eran propiedad de la empresa Campos Morombí. Sabían que las tierras eran del Estado y que Blas N. Riquelme se las había apropiado: eran tierras malhabidas. Pues, la policía no tuvo otra opción, y se retiró.

El último contacto que tuvieron los campesinos con funcionarios del Ministerio Público antes de la masacre fue el 7 de junio. La situación volvió a presentarse de la misma manera: buscaron convencer a los ocupantes de que abandonaran el lugar, y estos exigieron ver algún documento de acreditación de las tierras a nombre del ex senador. Acto seguido, los funcionarios les advirtieron que ya existía una orden de allanamiento para ejecutarse, próximamente[14]. Claro que no podrían ordenar un desalojo, ya que para esto debía establecerse primero quién era el propietario de las tierras.

Advertidos de algún posible operativo, los campesinos nunca imaginaron semejante despliegue de las fuerzas policiales. Pues, ellos reivindicaban su derecho a una porción de tierra, de tierras del Estado que debieran destinarse para la reforma agraria: retornárselas a quienes la trabajan. Frente a las más de cien mil hectáreas de los Riquelme, qué sería exigir su porción de diez hectáreas para sus cultivos. El referente Avelíno “Pindú” Espínola estaba convencido de ello, y de esto hablaba con sus compañeros; ellos también eran el Estado, por lo que el Estado no podía levantarse contra el Estado.

[1] Término guaraní que significa “el Gran Señor”.
[2] Rosa, José María, La Guerra del Paraguay y las montoneras argentinas. Buenos Aires, Punto de Encuentro, 2008, p. 16.
[3] Ibíd., p. 272.
[4] Ibíd., p. 273.
[5] Entrevista a Martina Paredes.
[6] Aunque consta en los registros la donación efectuada por LIPSA, el Estado paraguayo nunca inscribió las tierras en el registro de la propiedad. Esto se debe a una negligencia por parte de las autoridades, que se comprende a partir de que al momento de la donación, durante la dictadura, los decretos de Stroessner tenían el peso de una ley.
[7] Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). Informe de derechos humanos sobre el caso Marina Kue. Asunción, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, 2012, p. 43.
[8] Op. cit.
[9] Op. cit.
[10] Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC), Informe Masacre de Curuguaty, Informe elaborado por el Dr. Aitor Martínez, basado en el trabajo de campo realizado por el Dr. Domingo Laino y el periodista José María Quevedo, octubre de 2012, Asunción, Paraguay.
[11] Entrevista a Estela Medina.
[12] Entrevista a Martina Paredes.
[13] Estas informaciones parten del testimonio de los campesinos y de una serie de informes policiales elaborados por la Subcomisaría Nº 19 de la colonia Campo Aguae, Curuguaty, que vigiló todos los movimientos de la organización en Marina Kue hasta los sucesos del 15 de junio e informó a la comandancia departamental (Ministerio Público, 2012d: 198-211); y fueron recolectados por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). Informe de derechos humanos sobre el caso Marina Kue. Asunción, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, 2012.
[14] Ibídem.

(*) Fragmento del libro “Golpe Blando en Paraguay, el proceso de desestabilización al gobierno de Fernando Lugo”, Juan Ignacio Aréchaga y Luciana Rodríguez; Ed. Punto de Encuentro, 2015.