México en trance

Por Federico Larsen y Juan I. Aréchaga |

México vive un momento histórico encarnado en la esperanza del proyecto de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este politólogo de 64 años, ex gobernador de la Ciudad de México y dos veces candidato a la presidencia. Tras la fallida transición política de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, en la que prevaleció el statu quo de los problemas más acuciantes de los mexicanos, la plataforma pragmática que construyó AMLO, Juntos Haremos Historia, se sostiene sobre el desencanto de la sociedad mexicana ante sus gobiernos y la necesidad de un cambio profundo de esta nación alguna vez insurgente.

El domingo, 23 millones de mexicanos (arriba de un 50%) depositaron su confianza en la promesa de AMLO de formar un gobierno que restablezca la vigencia del Estado de derecho, con un desarrollo económico inclusivo y con el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en cuyo seno se ha enquistado un sistema de corrupción endémico. Es la esperanza de salir de la pesada herencia de narcotráfico, neoliberalismo y corrupción estructurales. Esperanza, a su vez, de la América Latina que busca revivir los chispazos de aquella no tan lejana integración progresista. El líder de Morena a la cabeza de México es un puñal a la restauración neoconservadora en términos políticos y simbólicos, no tan así en su peso específico real. Todo dependerá de la relación que (des) construya con su vecino del norte; principalmente, en relación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y a la cuestión migratoria.

23 millones de mexicanos depositaron su confianza en la promesa de AMLO de formar un gobierno que restablezca la vigencia del Estado de derecho, con un desarrollo económico inclusivo y con el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

La incertidumbre manifestada por los mercados frente a la asunción de AMLO fue apaciguada con su carácter pragmático. Enmarcado por los medios internacionales en la variopinta categoría de populista, será su capacidad de gestión del orden y del progreso mexicano quien dirima el resto. Mas, México no se encuentra en transición, sino en un trance, producto de las vejaciones que dejó la guerra contra las drogas iniciada por Felipe Calderón (2006-2012) y la desigualdad manifiesta de un sistema neoliberal centrado en su relación interdependiente con EEUU. Asimismo, la reconfiguración geopolítica del rol de México dependerá de esta relación, en la que la política exterior de Trump se asume tan predecible como el movimiento de una víbora arrinconada y herida.

Sin embargo, como dijo el futuro secretario de Relaciones Exteriores de AMLO, Héctor Vasconcelos, en un debate del Centro de Estudios Internacionales en el Colegio de México: “Primero, hay que poner la casa en orden”. Parafraseando al primer presidente argentino tras la última dictadura cívico-militar, el hijo del gran educador mexicano José Vasconcelos explicó que México “tendrá un mayor peso en el concierto de las naciones cuando sea percibido como un país estable, seguro, con vigencia del Estado de derecho, menos desigualdad, mayor crecimiento y sin escándalos de corrupción”. Vamos paso por paso.

Un país seguro y estable

El mexicano/a promedio vive hoy en día dos inseguridades profundas: el impacto del narcotráfico y la guerra contra las drogas, y la informalidad en el empleo. Desde la declaración de guerra de Felipe Calderón, se han disparado inusitadamente las estadísticas de violencia: asesinatos extrajudiciales perpetrados por militares, asesinatos de periodistas y de políticos –sobre todo en el último tiempo, siendo la presente campaña electoral la más violenta de la historia con 150 candidatos y funcionarios asesinados–, las desapariciones y los femicidios. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) contabilizó 10 mil denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército desde 2006, con más de 100 casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares, con el caso de Ayotzinapa como emblema y ejemplo. Por su parte, Amnistía Internacional informó que en 2017 hubieron 42 mil homicidios dolosos, el año más violento contra periodistas –registrándose 12 asesinatos–, y denunció como “prácticas habituales” a la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y las desapariciones. La ONG indicó también que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que permite la permanencia prolongada de las Fuerzas Armadas en funciones propias de la policía, corre el riesgo de que profundice la vulneración de los derechos fundamentales. Según datos gubernamentales, hubieron 34.656 desapariciones forzadas y/o perpetradas por agentes no estatales (crimen organizado), solo desde 2014. La constante mención a los derechos humanos en la discursividad de Morena, hace pie en este profundo flagelo. El paradigma belicista de guerra al narcotráfico ha mostrado un profundo fracaso. Si bien los mayores cárteles han sido descabezados en los últimos años en medio de operaciones ampliamente divulgadas por la prensa, las organizaciones criminales lograron diversificar sus actividades con la anuencia, o complicidad directa, de las autoridades locales, estaduales y federales. Cada día se perpetran 70 asesinatos y tres secuestros, una cantidad a todas luces imposible sin el involucramiento del Estado.

A las problemáticas relacionadas con el “narcoestado” mexicano, se le suman las dificultades económicas: 53,4 millones de mexicanos, el 43% de la población, vive por debajo de la línea de la pobreza. De los asalariados, el 83,3% trabaja en condiciones de informalidad, mientras que el 10% más rico se apropia del 80% de la riqueza que produce el país. Una de las potencias económicas de América Latina, que, sin embargo, esconde una fragilidad abrumadora, hecha de precariedad, inestabilidad y desigualdad. La casi totalidad del empleo industrial en México está dado por empresas extranjeras que tercerizan parte de su producción para aprovechar la fuerza laboral barata. La mayoría de ellas dedicadas al sector automotor, punta de lanza de los intereses estadounidenses y canadienses en el marco del TLCAN. Según datos del Observatorio de Complejidad Económica del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el 74% de las exportaciones mexicanas se dirigen a los EEUU y el 6% a Canadá; el 52% de las importaciones también dependen de esos dos países. Es decir, en los últimos 20 años, el neoliberalismo implantado a partir del TLCAN y la política de seguridad interna han limitado drásticamente el espacio de maniobra del Estado, convertido en una estructura clientelar y puramente administrativa.

A las problemáticas relacionadas con el “narcoestado” mexicano, se le suman las dificultades económicas: 53,4 millones de mexicanos, el 43% de la población, vive por debajo de la línea de la pobreza.

Las últimas reformas llevadas a cabo bajo la administración de Peña Nieto han sido la enésima confirmación de esa tendencia. En primer lugar, la reforma energética de 2013, que socavó la principal bandera del gobierno de Lázaro Cárdenas: la estatización de los hidrocarburos mexicanos, de la mano de un partido que se considera heredero de esa tradición política. La participación privada en la exploración y explotación petrolera produjo en el mediano plazo efectos contrarios a los que Peña Nieto había prometido. Según el último informe OCDE sobre rendimiento petrolero de sus miembros, México es el país que experimentó el aumento más grande de la gasolina, llegando a un 16% en 2017. No es casual que ese mismo año volvió a crecer la conflictividad social con el gasolinazo de principios de año, cuya represión se cobró seis muertos y más de 600 heridos solo en diez días. También es ejemplo del sexenio que concluye lo ocurrido con la reforma educativa implementada por Peña Nieto al principio de su mandato. Se proclamó con bombos y platillos a fines de 2012, con el auspicio de la OCDE, la cual debía cambiar para siempre la educación en el país. Desde su implementación en 2013, los maestros de todo el país entraron en un durísimo conflicto, que tuvo su punto más álgido en junio de 2016 con la toma de la ciudad de Oaxaca y la violenta represión del Estado.

 Los desafíos del futuro

Frente a este complejo panorama, López Obrador promete dar batalla. Si bien se ha presentado al presidente electo y su coalición como una renovación de la izquierda latinoamericana, una lectura un poco más atenta de su programa obliga a ir con más cautela en este tipo de análisis. La situación crítica en la que se encuentra México requiere, según Morena, una serie de definiciones que no necesariamente se encuadran en el acerbo clásico del progresismo latinoamericano. Por ejemplo, la lucha para sostener el TLCAN a toda costa, a pesar de que se trate de un instrumento que sostiene la dependencia mexicana de sus vecinos del norte. De hecho, pocas horas después de su victoria, Morena comunicó que propondrá la ampliación del TLCAN a toda Centroamérica como clave de negociación con los EEUU. O la promesa de “déficit fiscal cero” a través del congelamiento del gasto público –misma política que esgrimen Temer y Macri–, la reducción de los sueldos más altos del Estado para aumentar los más bajos. En el ámbito de la seguridad, AMLO propone refundar por completo las Fuerzas Armadas fusionando la Marina, la Policía y el Ejército en una única guardia nacional, siguiendo el ejemplo de la mayoría de los Estados norteamericanos, permitiendo así intervenir a una Fuerza Armada en seguridad interna.

Si bien se ha presentado al presidente electo y su coalición como una renovación de la izquierda latinoamericana, una lectura un poco más atenta de su programa  obliga a ir con más cautela en este tipo de análisis.

El nuevo gobierno ya tiene en carpeta la modificación de las reformas energética y educativa, además de la eliminación de los fueros –incluido el presidencial– para avanzar en la lucha contra el narcoestado y hacia políticas redistributivas que permitan aumentar el consumo interno y activar la industria nacional, desligada de la tercerización extranjera. Prometió aumento de pensiones y jubilaciones, el fortalecimiento de la industria primaria mexicana para competir con las importaciones a bajo costo desde EEUU, entre otras cosas. Todo gracias a la definitiva eliminación de la corrupción y la reinversión de las enormes cantidades de dinero que moviliza.

En el plano internacional, habrá que analizar el posicionamiento que tomará AMLO en el escenario latinoamericano. Desde los años 90, mientras Sudamérica apostaba a crear formas de integración económica y política (Mercosur, Comunidad Andina, SICA, etcétera), México –junto con Chile– tomaron claramente la senda de la inserción subordinada a los países centrales, a través de la firma de Tratados de Libre Comercio, Tratados Bilaterales de Inversión y del ingreso a la OCDE. A principio de los 2000, el plan Mérida y la posición subordinada a los EEUU en la discusión por el ALCA reforzaron esa situación. Con Peña Nieto, se dio la consolidación de la Alianza del Pacífico y cierto alejamiento del sistema centroamericano. El giro radical que muchos esperan tras la asunción del nuevo gobierno de centro-izquierda parece muy complejo de organizar en estas condiciones. Aunque, con una clara y sólida voluntad política y ciertas oportunidades externas, podría llevarse a cabo. Por lo pronto, AMLO adelantó que continuará con las renegociaciones del TLCAN, en las que primero buscará conocer la letra chica de las negociaciones que venía llevando a cabo el presidente saliente, con el cual ya establecieron reuniones de coordinación entre sus técnicos.

La relación con EEUU es el gran interrogante. La sumisión de Peña Nieto ante las bravuconadas de Trump en los últimos dos años no ha hecho más que empañar su ya difícil relación con los mexicanos. La política migratoria del gobierno norteamericano tiene el peso de un grave asunto doméstico en México, que sin embargo hoy rechaza un 60% más de migrantes en la frontera sur que su vecino del norte. AMLO no ha tomado una posición de abierto enfrentamiento al gobierno de Trump, y éste fue uno de los primeros en felicitar al presidente electo. Sabe, el nuevo mandatario, que los asuntos que ligan su destino a las impredecibles salidas de Washington son muy diferentes y pueden ser usados para condicionar cada una de las relaciones: un conflicto sobre aranceles puede significar condiciones más duras para los migrantes al norte del Río Bravo; una palabra de más sobre el muro en la frontera, podría modificar los humores en la mesa de negociación del TLCAN.

Los desafíos que tendrá el gobierno de AMLO son tan grandes como el capital político construido con votos de todo el territorio mexicano. Transformar el hastío de la sociedad frente a la violencia, la corrupción, la informalidad y la desigualdad será el reto principal, en esta ventana histórica en la que cada cierto tiempo asoma el pueblo mexicano.