Aborto en Colombia: entre lo legal y lo conservador

En diferentes países de América Latina, la forma en la cual se legisla sobre el aborto es muy dispar. Nuestro subcontinente es uno de los territorios con las mayores prohibiciones hacia las mujeres a la hora de elegir sobre su propio cuerpo en materia de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Para el caso de la República de Colombia, la Corte Constitucional aprobó en 2006 la sentencia C-355, la cual despenalizó el aborto en tres circunstancias: cuando existe un peligro para la salud –física o mental– o la vida de la mujer, cuando el embarazo es resultado de un acto sin consentimiento o de incesto y cuando la vida del feto fuera del útero sea inviable por graves malformaciones. De esta manera, la IVE se estableció como uno de los servicios de salud sexual y reproductiva cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud (POS) en Colombia.

Sin embargo, de acuerdo a un informe del Instituto Guttmacher, de los 400.400 abortos estimados que se realizaron en Colombia en 2008 (a dos años de la sentencia), solamente 322 (el 0,08%) se hicieron de manera legal, en condiciones de salubridad y atención idóneas dentro de instituciones de salud. De acuerdo a cifras más cercanas en el tiempo recabadas por la ONG Profamilia, los abortos legales realizados en 2016 fueron de 6.500 y, en 2017, de 10.517. A pesar de este aumento, el número continúa siendo ínfimo en relación a los abortos clandestinos, lo que se traduce en un importante porcentaje de complicaciones posaborto –sobre todo en mujeres pobres y rurales– que conllevan peligros para la salud y la vida de las gestantes, cuestiones agravadas por trabas burocráticas y perjuicios derivados de la desinformación imperante.

Continuando con las entrevistas a liderezas y referentes sociales latinoamericanas que trabajan sobre temas de género y salud sexual y reproductiva, L’ Ombelico del Mondo dialogó con Girlandrey Sandoval Acosta, Licenciada en Historia (Univalle), Magíster en Sociología (Flacso), investigadora y parte del equipo de asesoras en enfoque de género y derechos de las mujeres y feminismos de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (Csivi) y del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), dos organismos que se han creado a partir de los Acuerdos de Paz firmados en 2016 entre las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Juan Manuel Santos.

–¿Es cierto que se incluyeron perspectivas de género en los Acuerdos de Paz?

–Efectivamente. A raíz del proceso de negociación paz acá en Colombia, histórico por el nivel de integralidad que tiene el enfoque de género en todos los puntos negociados, se han creado unas instancias que se están encargando un poco de direccionar la política que garantice derechos para las mujeres y diversidades sexuales en los territorios con todo lo que tiene que ver con el tema de paz.

La agenda feminista es una agenda antimilitarista, pacifista, de garantía de derechos y el movimiento se está moviendo en este momento.

–¿Cuál es la situación con respecto al aborto en este momento en Colombia?

–Acá en Colombia ha sido todo un proceso del movimiento de mujeres y feministas a favor de la despenalización y, además, de la legalización. Para empezar, hay una distinción bastante importante en los dos conceptos. Desde hace muchos años –estamos hablando de los años 70 y 80–, las feministas se han organizado para poder conseguir –digamos en términos jurídicos– el derecho que tenemos las mujeres de decidir si queremos o no ser madres. Acá existe, desde el 10 de mayo del 2006, la sentencia C-355, que nos permite abortar en tres causales: una, en mujeres que resultan en embarazo por violencia sexual; dos, mujeres que tienen un embarazo que puede causar peligro para su salud física y mental; y tres, embarazos cuando vienen con una malformación congénita que hace inviable la vida del feto, es decir, ya por fuera del útero. Entonces, a partir de esa sentencia se realizaron diferentes mecanismos, planes y programas que permiten que las mujeres accedan a la interrupción voluntaria del embarazo en estas causales, tanto en los servicios de salud públicos –los que presta directamente el Estado– pero también en las entidades privadas. Acá en Colombia, a partir del gobierno de Álvaro Uribe Vélez [2002-2006 y 2006-2010] y la promoción de la Ley 100 (de 1993), asistimos a unos niveles mayores de la privatización del servicio de salud con un régimen bastante duro, sobre todo para la gente de sectores populares, que ha provocado incluso que algunos trabajadores de clases medias paguen por unos servicios de salud –que acá se llaman entidades promotoras de salud (EPS)– que no prestan muy buenos servicios. El caso es que todas estas instituciones se han hecho vinculantes con la sentencia de la Corte Constitucional que ha obligado que presten estos servicios.

Actualmente, gracias también a las organizaciones feministas que se han consolidado institucionalmente como la Fundación Si Mujer –en Cali, en la provincia del Valle del Cauca– y Oriéntame –en el caso de Bogotá, el Distrito Capital–, por medio de la causal salud se han podido ingresar y prestar muchos servicios a mujeres para la interrupción voluntaria del embarazo. Además está Profamilia, que es una institución mixta (público-privada) que ha logrado comercializar la mifepristona, que ha sido toda una revelación desde hace dos años para acá porque es un medicamento que se usa en una combinación perfecta con el misoprostol, que ha ayudado a incrementar los niveles de seguridad en el aborto, los niveles de cobertura y que muchas de las mujeres que no tienen para pagar los legrados en las clínicas clandestinas –que salen entre uno y dos millones de pesos colombianos, algo cercano a los US$ 1000– puedan acceder a estos servicios con el aborto químico, que es seguro, que se puede hacer en casa y que se pueden hacer las compañeras y las amigas con la familia, y pues eso definitivamente nos tiene ahora en un lugar bastante particular.

No obstante, debido también a la regeneración conservadora que estamos viviendo en el continente, en este momento acá resulta que también se ha presentado el fenómeno de la ideología de género, que ha estado obstaculizando un poco la garantía de derechos. Incluso en la opinión pública y en el imaginario colectivo que hay aquí, se está poniendo un poco en quiebre con el tema de la paz, porque hay un tema de que “los Acuerdos de Paz van a homosexualizar la sociedad, que van a hacer que todas las mujeres aborten”, y tenemos algunas manifestaciones como el fanatismo religioso, con grupos de mujeres mayores de edad y algunos hombres que han ido con rosarios e imágenes de fetos sangrientos al frente de las instituciones prestadoras de servicios de IVE.

Debido también a la regeneración conservadora que estamos viviendo en el continente, en este momento acá resulta que también se ha presentado el fenómeno de la ideología de género, que ha estado obstaculizando un poco la garantía de derechos.

Durante la discusión de los Acuerdos de Paz se ha hablado mucho de la “ideología de género” como algo malo. ¿Qué es la ideología de género y por qué es tan utilizada por los conservadores en Colombia?

–Ese tema es muy importante además porque mucha gente creyó que los temas de género y los derechos de las mujeres son el eslabón más débil por el que se rompe la cadena de un proceso transformador. Digamos que los conservadores y la ultraderecha acá en Colombia la utilizaron muy bien para posicionar con engaños y publicidad alrededor del voto del No en el plebiscito que ganó por una mínima diferencia. Pero, ¿qué es la ideología de género? Te digo yo que aquí en Colombia tenemos una mujer que le llamaban “la procuradora del procurador”. Aquí tuvimos un procurador, Alejandro Ordóñez –un tipo misógino, machista y paramilitar que está totalmente en contra del pensamiento crítico y de los derechos de las mujeres–, que colocó a una mujer como encargada de verificar los temas de familia en el país llamada Ilva Myriam Hoyos. Esa mujer escribió un documento que se llama “La ideología de género”.

¿Qué es eso aquí en Colombia? Nosotros lo hemos visto en otros países; lo vimos en Ecuador hace un par de años. Pero aquí en Colombia, particularmente, se enfocó a criticar el Acuerdo de Paz. Como el mismo tiene un enfoque de género que reconoce los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales, esa ideología de género nos obligó en un momento a definir qué eran los derechos de las mujeres, cosa con la que Ilva Myriam supuestamente no estaba en contra, pero que sí estaba en contra de garantizar el acceso a derechos en el marco del Acuerdo. Es decir, en la reforma rural integral, en la participación política, en el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito, en el tema de reparación a las víctimas y en los temas de seguridad, protección e implementación que se les garantizará a cabalidad los derechos de las diversidades sexuales. Porque empezaron a hacer toda una crítica leyéndose el Acuerdo muy bien leído –eso hay que decirlo– y mirando en qué partes era que se hablaba de diversidad sexual, y, después de que salió el No, nos obligaron a quitar toda esa parte donde hacíamos referencia a que se iba a tener en cuenta a las diversidades sexuales y de género, a las personas con orientaciones sexuales diversas, con construcciones de género alternativas, y todo eso tuvo que ser borrado del Acuerdo. No obstante, el espíritu del Acuerdo son los enfoques de género, territorial, de derechos humanos y étnico –que reconoce nuestra diversidad afro e indígena–. Seguimos trabajando desde allí.

Sin embargo, esa ideología de género no estuvo. Primero, el problema de la publicidad engañosa para votar por el No en las elecciones por el plebiscito nos tiene ahora un poco enredados en materia de que se le garantice derechos en los territorios a las mujeres y a las diversidades sexuales, y nos tiene en una época electoral donde todo aquel que se plantee opositor –tanto a la política de ultraderecha del país como a la política paramilitar– o que se exprese a favor de la implementación total del Acuerdo y por la construcción de la paz estable y duradera, queda como un castro-chavista que va a homosexualizar a toda la población. Eso es lo que tenemos con la ideología de género en el país.

El espíritu del Acuerdo de Paz son los enfoques de género, territorial, de derechos humanos y étnico –que reconoce nuestra diversidad afro e indígena–.

–Hace poco transitaron una nueva campaña electoral. Ya que se trata de un momento en el cual Colombia parece querer poner en discusión muchas cosas a pesar de que haya sectores muy poderosos que intenten taparlo, ¿el aborto o la cuestión de la decisión sobre la vida sexual de las mujeres fue un tema de discusión?

–Por un lado, nosotras sabemos que existieron unos congresistas aliados bajo esta bandera de la ideología de género: congresistas y candidatos a la presidencia que están en contra de los derechos de las mujeres y que, por supuesto, tienen unas reivindicaciones por la familia heterosexual, por la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, la familia blanca y burguesa. Nosotras sabemos que esas representaciones sociales de género están viajando todo el rato en sus discursos, en sus proyectos de ley, en cómo no estén en la opinión pública y los medios de comunicación hegemónicos; sí está en la dinámica apropiada en nuestro Congreso, pasando actos legislativos y proyectos de ley que retrocedan la sentencia C-355 que nos despenalizó el aborto acá en las tres causales. Eso es lo que está sucediendo.

–¿Cuál es el rol que tiene la agenda feminista hoy en día en Colombia?

–Pues ya les digo que el feminismo acá ha sido central para todo: se construyó en un país en medio del conflicto, está ahorita tratando de atender las víctimas, está tratando de que las mujeres víctimas no queden por fuera de la garantía de derechos; estamos tratando de que, en el proceso de reincorporación, las mujeres exguerrilleras no vuelvan a las casas a reproducir roles tradicionales de género. La agenda feminista es una agenda antimilitarista, pacifista, de garantía de derechos y el movimiento se está moviendo en este momento. Nos están quitando el acuerdo y dañando el proceso de paz, no nos están dejando iniciar otros procesos de paz con otros actores armados. Entonces, pues, el movimiento está empezando a hacer sus campañas y es central. O sea, las feministas han incluido en la bancada de mujeres, por eso tenemos la sentencia de aborto, la ley en contra de los feminicidios, la ley de no violencia contra las mujeres, la ley de no violencias con ataques con ácidos. Porque acá confluyen bastantes violencias atravesadas por la guerra, el narcotráfico y muchas otras cosas, entonces el movimiento feminista siempre ha sido muy propositivo y, por supuesto, enarbola la consigna de la solución política negociada a cualquier conflicto, a que las partes se sienten. Pero, además de que las partes se sienten, pues las mujeres jueguen un rol determinante allí, y eso es lo que estamos viviendo hoy por hoy. Con el Acuerdo de Paz de las FARC, un poco el Movimiento de Mujeres por la Paz, el de Mujeres de Negro, la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz. Pero en este momento, con los diálogos con el ELN, en este momento las mujeres se encuentran en “Juntanza”, como se llama su proceso, y están presionando al gobierno por una salida negociada y sobre todo política a estos conflictos que tenemos acá. Porque no nos van a robar el sueño de paz que tantas vidas nos ha costado pero además que tantas apuestas y tanto apoyo ha recibido de la población civil y de los movimientos sociales.

El feminismo acá ha sido central para todo: se construyó en un país en medio del conflicto, está ahorita tratando de atender las víctimas, está tratando de que las mujeres víctimas no queden por fuera de la garantía de derechos.

–Ahondando sobre la cuestión del fanatismo religioso que contabas al comienzo, ¿cuál es el rol que tienen las Iglesias y los movimientos religiosos en el debate sobre el aborto y los derechos de las mujeres en Colombia?

–Pues les digo que tienen un rol arrollador. O sea, un rol de interpelar, de contradecir y convertirse “como una vaca atravesada en el camino” –como decimos acá en Colombia–, como una piedra en el zapato. Acá la Iglesia no es toda la misma. Hay que reconocer que hay comunidades basadas en la fe que apoyaron el proceso de paz: los presbiterianos, algunos sectores católicos, algunos jesuitas. Sin embargo hay, sobre todo, una emergencia de Iglesias cristianas –diría yo– que tienen unas conexiones bastante complejas con congresistas colombianos que se están moviendo no abiertamente, porque esto no es una confrontación abierta. Digamos, es completamente antipopular que usted proponga una ley en contra de derechos civiles o que promueva que no exista la interrupción voluntaria del embarazo; eso hay que decirlo en términos del juego de la democracia en nuestro país. Sin embargo, ellos vienen tejiendo unos hilos de forma oculta, subliminal. Lo que les digo esto de la protesta de mujeres y hombres con rosarios e imágenes de fetos sangrientos al frente de los sitios donde se garantizan derechos ya nos dice mucho. Es una protesta silenciosa a la cual el movimiento feminista orientó a nivel nacional que nadie fuera ni a atacarlos ni a hacerles nada, y así se ha hecho. Ellos prenden sus velones, rezan sus rosarios, ponen sus cruces, sus vírgenes, todo, y ahí están, pero llevan más de un año en ese tipo de protesta; eso no tuvo ningún boom mediático. Pero sabemos, por ejemplo, que cuando el plebiscito quedó en el No, en las reuniones que se dieron en La Habana para renegociar los puntos –particularmente el tema del enfoque de género–, sí llegaron muchas Iglesias cristianas que tienen estas conexiones con estos congresistas. Esas Iglesias tienen un interés, van hasta la ciudad de La Habana, presentan sus propuestas que es quitar todo el enfoque de diversidades sexuales que estaban en el acuerdo. Y además los hemos visto en algunas intervenciones y en alguna publicidad que se da en la televisión colombiana hablando sobre la familia, cómo debe ser esa familia. Uno de los candidatos presidenciales juega con esa representación de la familia, de la unión, de la heterosexualidad y “aquí estamos y esto es lo que hay que hacer”. Y hay algunas campañas sueltas antiaborto, pero no es nada abierto o que haya un frente común organizado en contra del aborto; si eso existe, existe bajo cuerda.

Entonces, tienen un rol que es bastante ambiguo de cierta manera: los ven con estas acciones colectivas pequeñas –diría disruptiva de cierta manera–, pero no podemos hablar de la Iglesia o el catolicismo o el párroco organizando gente para restar derechos a las mujeres, sino que tienen unas acciones muy puntuales. Ese es, creería yo, el rol que tienen en este momento.