“El estallido social se generó por una necesidad de cambios estructurales”

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2.410 detenidos, entre ellos 188 niños y adolescentes, más de 535 heridos, más de 55 acciones judiciales y 5 casos de personas muertas a manos de fuerzas policiales y del orden, son las cifras que arroja el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, desde que hace una semana se produjo un estallido social en Santiago de Chile y la región metropolitana que fue extendiéndose a diversas ciudades del país.

Alrededor de 8.800 soldados del Ejército chileno continúan patrullando la zona metropolitana, así como siguen los toques de queda y la declaración de Estado de Emergencia dispuesta por el presidente Sebastián Piñera, quien al comienzo del estallido declaró estar en “estado de guerra”.

A su vez, prosiguen las movilizaciones a pesar de un paquete de medidas sociales anunciadas por Piñera, y organizaciones sindicales y movimientos sociales llevaron a cabo una huelga general los días 23 y 24 de octubre, que también resultaron reprimidas.

Por su parte, la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU y ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, finalmente anunció que “he decidido enviar una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en Chile”.

L`Ombelico del Mondo dialogó sobre la situación con el encargado comunal de Santiago por el partido Convergencia Social, Francisco Silva, quien indicó que Chile vive “fractura social de que este sistema no da para más, y está sustentado en la presión y el sufrimiento de la mayoría de la gente para el goce de unos pocos”. Convergencia Social es un partido recientemente creado por movimientos sociales y agrupaciones de izquierda que integra el Frente Amplio, una coalición que busca romper el bipartidismo chileno.

Sobre la perspectiva a futuro, Silva indicó que hay “escenario sumamente abierto” ya que “es muy difícil conciliar lo que está demandando la ciudadanía con lo que puede entregar la clase política este momento”.

–¿Cuál es la situación en este momento?

–Estamos en una huelga general. Anoche (martes 22) Piñera dio un paquete de medidas sociales que han sido percibidas por la ciudadanía como medidas meramente cosméticas: un aumento de los subsidios, por ejemplo, de las pensiones a los adultos mayores de un 20 por ciento, cerca de 30 dólares; un subsidio también al salario mínimo que aumenta un 10 por ciento; y, lo más importante de estos anuncios, es que el gobierno no asume la responsabilidad política de las violaciones a los derechos humanos que se están dando en este momento. No se menciona nada de eso. De hecho, hace un par de días ya no se da cifras oficiales de muertos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que es un organismo autónomo, es quien está haciendo esta tarea, con un rol clave de visibilizar todo lo que está sucediendo. Respecto a la calle, con respecto a esta huelga, no han disminuido las movilizaciones, de hecho han ido aumento hoy día, y también han ido aumentando las ciudades que están en estado de Emergencia y en toque de queda.

–Hay dos cosas que llaman la atención: por un lado, no se ve una conducción clara de las protestas, ahora esta huelga es llamada por organizaciones sociales y sindicatos pero el descontento generalizado no parece ser encausado por una organización que pueda llegar a decir ´hasta acá vamos a ir´. Y la segunda cuestión es, si no hay un rol claro de conducción, ¿hasta dónde pueden llegar estas marchas? 

–Esta es una movilización que ya lleva cinco días en su punto más álgido, es una movilización bastante inorgánica, son diversos grupos que empezaron por el pasaje de metro, pero después fue desarrollándose y aún no hay ninguna conducción. La huelga general de hoy la llamaron organizaciones sociales y políticas que llevan años en reivindicaciones muy profundas y estructurales en el país. Pero esto no tiene un cauce político-institucional claro en este momento. Ciertamente, organizaciones que ya llevan muchísimos años trabajando, como ¨No más AFP¨ por el tema de las pensiones, la recuperación de recursos naturales, organizaciones de salud, están tomando ciertas consignas para terminar con la militarización, la represión del movimiento social, pero, hasta este momento, estamos en una etapa demasiado inicial y no hay una vocería clara de lo que es el movimiento social. Desde los sectores políticos, institucionales, el Congreso, diputados, etcétera, se intenta encauzar e interpretar mínimamente las sensibilidad de la calle, intentando dar serenidad y rapidez a un proyecto de ley de reducción del 50 por ciento del sueldo de los parlamentarios pero todavía está en una etapa muy inmadura.

Policías someten a un manifestante en una protesta en Santiago
Policías someten a un manifestante en una protesta en Santiago

–Muchas veces Chile ha sido puesta de ejemplo como el modelo de país y de economía, no solamente por su economía interna sino por los Tratados de Libre Comercio que tiene. ¿Cómo ves en perspectiva histórica este desarrollo de Chile? Uno ve las estadísticas y Chile ha mejorado pero se ha transformado en una sociedad desigual. ¿Crees que tendría que haber cambios de fondo o con algunos parches alcanza?

–Tocas un punto clave. Chile se ha construido en base a un capitalismo neoliberal de libro, un ensayo y un ejemplo de neoliberalismo para otros países, y esto ha sido sustentado en una tremenda desigualdad social. Si tú te podrías imaginar, la mitad de la gente gana menos de 570 dólares, pero eso no dice mucho, lo que sí dice es que tú tienes que pagar por todos los servicios básicos, para tener una salud de calidad, para poder estudiar, los estudiantes para ir a la universidad tienen que endeudarse con los bancos a 20 o 30 años, para la vivienda lo mismo, y unas pensiones que, después de jubilado a los 65 años el hombre y 60 las mujeres, son miserables. Entonces, ese es el estallido que por el boleto del metro se enciende la chispa y empieza este cuestionamiento, esta fractura social de que este sistema no da para más, y está sustentado en la presión y el sufrimiento de la mayoría de la gente para el goce de unos pocos.

–Para ejemplificar las cosas más comunes en que este tipo de sistema se ve en la cotidianeidad. Por ejemplo, yo me enfermo en Chile y qué tengo que hacer. ¿Tengo la posibilidad de acudir a un hospital gratuitamente para poder curarme? ¿Depende de mis ingresos? ¿Cómo funciona?

–Actualmente, en Chile conviven dos sistemas de salud al mismo tiempo. El que tiene el 80 por ciento de la población que es FONASA (Fondo Nacional de Salud) y el 20 por ciento que puede pagar salud extra tiene ISAPRE, que son seguros privados de salud. Efectivamente hay un acceso universal, pero el 80 por ciento tiene una salud de muy baja calidad: por ejemplo, si tú te enfermas y estás en FONASA, para poder hacerte un examen de sangre tienes que esperar dos o tres semanas; una consulta con un médico especialista tienes que esperar dos o tres meses; hay gente que está esperando uno o dos años para operarse. Y este Estado subsidiario que se ha ido construyendo, da el derecho de manera muy precaria, y si tienes acceso a pagar, que con los salarios muy bajos muy pocos tienen la posibilidad, puedes tener una mejor salud. Lo mismo pasa con la vivienda.

–¿Cómo funciona la privatización del agua?

–Chile es el único país del mundo que tiene su agua privada. El Código de Agua permite que privados, en base a su capacidad económica, puedan acceder a comprar los derechos de agua. Lo que se ha conocido mucho internacionalmente es que sectores de la Quinta Región como Petorca, es que muy poca gente puede acceder a derechos de agua en esos sectores, y hacen agricultura de forma irresponsable con el resto de la población que la deja con sequía. Entonces, el acceso al agua también está definido por cuánta plata tengan las personas y, si se concentra mucho el dinero, se generan estas distorsiones que hay que, para poder hacer agricultura de punto de vista mercantil, deja sin agua para vivir a comunidades enteras.

–Es muy impresionante la represión que se ha visto en los últimos días. ¿Es común que Carabineros, las Fuerzas Armadas se manejen con semejante violencia?

–Chile es un país que tiene un trauma con una dictadura militar de cerca de 17 años. El mismo hecho de que Piñera haya hecho un toque de queda que desde 1987 no se daba, ya genera un impacto. Y la brutalidad militar es algo nuevo. Obviamente, tú vas caminando por las calles de Santiago, y en los sectores populares se vive mucho más intensamente, y ves militares con armas largas, y con todos los videos que se han podido ver. Pero, normalmente, en las manifestaciones estudiantiles y particularmente con el pueblo mapuche en el Araucanía y otras comunidades, esta brutalidad policial es pan de cada día. O sea, hay lugares como Temuco, donde está el conflicto mapuche, donde hay comunidades que están militarizadas desde hace mucho tiempo. Entonces, probablemente, con respecto al pueblo mapuche y a las movilizaciones estudiantiles ya están normalizadas de que la policía tenga estos niveles de brutalidad. Lo nuevo y lo impactante, en relación al trauma de la dictadura, son los militares.

–¿Qué puede llegar a pasar en los próximos días?

–Hay demandas sentidas y el estallido social se generó por una fractura social que hay y por una necesidad de cambios estructurales en el país, y, lamentablemente, desde la clase política y desde el gobierno no se está entendiendo esa situación. Entonces, es muy difícil conciliar lo que está demandando la ciudadanía con lo que puede entregar la clase política este momento. Es un escenario sumamente abierto de lo que puede llegar a ocurrir. Lo que sí se puede llegar a esperar es que, más allá de estos paquetes de medidas sociales, se empiece a hablar de una responsabilidad política a las violaciones a los derechos humanos que ya están comprobadas por el INDH. Ministerios importantes como el de Interior y otros ministerios deberán dar cuenta de la responsabilidad política de estos actos.