Venezuela, entre Washington y el Covid-19

Por Federico Larsen| El gobierno de los EEUU anunció la duplicación de las capacidades militares de su Comando Sur en el Caribe y el Pacífico oriental. Concretamente, el gobierno de Trump enviará buques destructores, barcos de combate, aviones y helicópteros en la zona, con el el objetivo declarado de contrastar el narcotráfico. Sin embargo, un rápido análisis de la disposición y las zonas afectadas, dejan entrever que, en la práctica, semejante movilización de recursos se despliega alrededor del principal eje de acción de la política norteamericana hacia América Latina: Venezuela.

Existen distintas razones que justifican la suspicacia de todos los analistas alrededor de este movimiento anunciado por la Casa Blanca. Especialmente teniendo en cuenta que justo en las últimas semanas se levantó la temperatura de una relación muy compleja desde hace ya dos décadas. El pasado 26 de marzo, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anunció la presentación de cargos criminales por narcotráfico contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Se lo acusa de formar parte y hasta comandar el nebuloso Cartel de los Soles, una supuesta organización criminal surgida en el ámbito del poder político y militar venezolano desde antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, y que garantizaría una entrada de dinero estable al estado proveniente de la venta de droga hacia los EEUU. De hecho, el nombre de los Soles es en alusión a las estrellas que llevan los generales venezolanos en sus uniformes.

EEUU dobló la apuesta al prometer una recompensa de 15 millones de dólares a quienes provean información útil para la captura de Maduro. La referencia a la lucha contra el narco en los movimientos militares norteamericanos en el Caribe, no es casual. Junto con el presidente, Barr acusó también a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y ya sindicado como uno de los jefes del Cartel de los Soles desde 2015; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el ministro de Industria y Producción Nacional, Tareck El Aissami, y el jefe del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno. A cambio de información que permita la captura de cada uno de ellos, EEUU ofrece 10 millones de dólares de recompensa.

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Una decisión denunciada como una provocación por parte del gobierno, pero que la oposición leyó como el enésimo golpe internacional contra el chavismo. Y que debía ser aprovechado. La Asamblea Nacional, de mayoría opositora y presidida por Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino en enero de 2019 y reconocido como tal por unos 50 países en el mundo -entre ellos EEUU y la Unión Europea-, aprobó el martes 31 de marzo el plan José María Vargas. Con el objetivo declarado de contener los efectos de la expansión del Coronavirus en Venezuela, el plan preveía la creación de un gobierno de emergencia, la apertura inmediata de un canal humanitario hacia Venezuela y el pedido de un préstamo de 1.200 millones de dólares.

No pasaron ni 24 horas para que el gobierno de los EEUU se hiciera eco de la propuesta de la oposición y levantara aún más la apuesta. El Secretario de Estado Mike Pompeo presentó ese mismo martes el Plan Marco Democrático para Venezuela, quizás la propuesta más orgánica que Washington haya presentado para proyectar el fin del gobierno bolivariano. Según el plan, el poder ejecutivo sería asumido por un Consejo de Estado compuesto por dos miembros de la oposición -sólo virtualmente comandada por Guaidò vista la encarnizada división que existe en su sena tras el fracaso de los intentos de desestabilización-, dos por el PSUV -también profundamente dividido sobre la estrategia para sacar a Venezuela del pozo económico y social en que se encuentra-, y un quinto elegido por los otros cuatro que asumiría el rol de Presidente de la República (y que no pueden ser ni Guaidò ni Maduro). La Asamblea Nacional debería nombrar los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral y llamar a nuevas elecciones en un plazo de 6 a 12 meses. Este proceso es la condición impuesta para que EEUU levante las sanciones económicas que pesan sobre Caracas y que entorpecen sobremanera sus esfuerzos para lidiar con la emergencia sanitaria por el Coronavirus, además de la ya traumática situación que se vive en Venezuela desde hace unos años.

El Plan Marco Democrático para Venezuela, quizás la propuesta más orgánica que Washington haya presentado para proyectar el fin del gobierno bolivariano. 

Es también por esto que el gobierno de Maduro tildó de chantaje el plan de Pompeo. Según el gobierno, las autoridades venezolanas fueron elegidas en las elecciones de mayo de 2018, y por ende deben ser reconocidas como legítimas, cosa que buena parte de la comunidad internacional no ha hecho. Además, el Plan de Washington es casi un calco de las propuestas opositoras presentadas en las negociaciones realizadas el año pasado en Barbados y auspiciadas por el gobierno de Noruega. Ese proceso, de hecho, fracasó por la intransigencia de ambos bandos a reconocer la posición del otro y terminó luego de los intentos de desestabilización promovidos por Guaidó.

Cabe destacar, que la situación de Venezuela en estas semanas es de lo más preocupante, y el mismo gobierno de Maduro lo sabe. Hasta el 2 de abril, se reportaron en Venezuela 144 casos de infectados por Covid-19 y tres muertos. Un número relativamente bajo, a pesar de que el debilitadísimo sistema sanitario venezolano enfrenta la pandemia por en unas condiciones alarmantes. Consciente de ello, el ejecutivo dictó la cuarentena social obligatoria el pasado 16 de marzo. Una medida muy dura para la supervivencia del 47% de los venezolanos cuentapropistas, que a partir de ese momento han visto reducida, cuando no anulada, su principal fuente de ingreso. A eso se le suma el 25% de ciudadanos que necesitan de las remesas que reciben de familiares desde el extranjero, y que también se han visto prácticamente suspendidas por las medidas sanitarias para contener la emergencia de Covid-19 en Europa, Estados Unidos y América Latina. En medio de la caída abrumadora de los precios del petróleo, la reducción de la capacidad de extracción de crudo venezolano por debajo de los niveles de 1945, y la angustiante situación provocada por las sanciones económicas norteamericanas, que generan un virtual bloqueo de las capacidades del estado para hacerse de divisas y financiar el gasto público, el gobierno bolivariano debió buscar alternativas. Una de las primeras, y de las más sorprendentes, fue el pedido de un préstamo de 5mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Venezuela ya había recurrido al Fmi en 1989 y en 1996. En el primer caso, las políticas de ajuste exigidas a cambio del crédito estuvieron entre los motivos que llevaron al levantamiento popular conocido como el Caracazo, y el intento de golpe de Hugo Chavez frustrado en 1992. Maduro sin embargo explicó su decisión como parte de un plan de emergencia, entendiendo que la cooperación internacional en épocas de pandemia debía estar por encima de los resquemores políticos. El Fmi sin embargo respondió que no iba siquiera a considerar el pedido de Caracas, ya que “el compromiso del FMI con los países miembros se basa en el reconocimiento oficial del gobierno por parte de la comunidad internacional, como se refleja en la membresía del FMI. No hay claridad sobre el reconocimiento en ese momento” del gobierno instalado en Miraflores, según se dio a conocer en un comunicado oficial.

La preocupación de Trump, más que por la continuidad del gobierno de Maduro, está ligada al rol que Venezuela juega en la geopolítica internacional

Parte del plan de emergencia consistió también en tratar de restablecer las relaciones con Colombia, principal aliado de Washington en la lucha contra el “castro-cavismo” y crear un sistema de cooperación sanitaria ante la pandemia. Los ministros de salud de ambos países llegaron inclusive a reunirse el 26 de marzo pasado, y dirigentes de alto rango de la derecha colombiana bendijeron la tregua con el acérrimo enemigo para enfrentar el virus de manera coordinada. Pero el deshielo fue dinamitado tras las revelaciones por parte de un ex general retirado del ejército venezolano, Clíver Alcalá, autoexiliado en Colombia desde 2017, que aseguró que en Santa Marta autoridades colombianas habían secuestrado un arsenal perteneciente a las FFAA venezolanas en mano a opositores comandados por Guaidò que se preparaban para un golpe de estado. Varios dirigentes bolivarianos se sumaron al coro de acusaciones contra el gobierno de Ivan Duque, considerado cómplice de intentos golpistas y hasta planes de magnicidio contra Maduro, y el acercamiento se enfrió de inmediato.

El Plan Marco Democrático para Venezuela de Pompeo, incluye algunas exigencias que revelan también algunas de las preocupaciones norteamericanas, reforzadas tras el anuncio de movilización militar del Comando Sur en el Caribe. Uno de los puntos prevé que “todas las fuerzas de seguridad extranjeras salen de inmediato a menos que se les autorice su permanencia a través de ¾ de los votos de la Asamblea Nacional”. Es que efectivamente la preocupación de Trump, más que por la continuidad del gobierno de Maduro, está ligada al rol que Venezuela juega en la geopolítica internacional, con un ojo especial a los intereses de Rusia y China. Putin es, de hecho, la razón internacional principal por la cual el gobierno de Maduro no cayó ante los embates de los últimos años. La principales energéticas rusas, Gazprom y Rosneft, junto con el banco ruso-venezolano Evrofinance Mosnarbank -bajo sanciones norteamericanas desde 2019-, fueron los responsables de la extracción y venta del 66% del petróleo venezolano hasta hace poco. Para evitar el esquema de sanciones de Washington, Rosneft anunció la venta de sus activos en Venezuela a una no bien definida empresa gestionada directamente por el Kremlin. Algo parecido comienza a suceder también en el sector de las finanzas. Es decir que si Trump quiere endurecer su política de sanciones al sector petrolero, ahora deberá hacerlo directamente contra activos del gobierno ruso. Para Putin, Venezuela no representa seguramente un socio estratégico por su rol en la producción energética o por su posición política, sino por el valor que tiene para EEUU la caída de Maduro. Venezuela podría ser una pieza clave en la negociación sobre intereses más vitales para Rusia, como Ucrania y Medio Oriente, y el costo de sostener económica y diplomáticamente a Maduro es claramente más bajo que su valor de cambio.

China, en cambio, ha hecho de Venezuela un hub de su expansión en América Latina. La “diplomacia del barbijo” que Pequín inauguró tras haber anunciado que logró contener a la pandemia en su territorio, tiene a Venezuela como principal receptor, seguida por Perú, Bolivia, Brasil y Argentina. China ya entregó a Caracas 5 millones de barbijos, medio millón de kits de detección rápida del virus y 100mil trajes de aislamiento para los hospitales.

En síntesis, la demostración del músculo militar de EEUU ante Venezuela se enmarca en una estrategia mucho más amplia y en un contexto complejo, que incluye actores nacionales, regionales y mundiales. Hacia todos ellos, Washington está enviando un mensaje con su plan de acción que incluye una propuesta política, apoyo incondicional hacia actores locales (Guaidò) y contención militar con la excusa del narcotráfico -que también sirve de advertencia para los militares venezolanos que aún son tentados por la oposición para insubornidarse ante el gobierno-. La descordinación de los países latinoamericanos ante la emergencia por el Covid-19, y las diferencias ya demostrada en los últimos años en torno a la situación venezolana, deja presumir que la tan anhelada acción coordinada de la región sigue siendo una quimera. Y que lo más similar a ello será la posición del Grupo de Lima, definitivamente encolumnado detrás de las acciones de EEUU y con Bogotá a la cabeza. Y nunca hay que olvidar que todo esto sucede durante un año electoral en los EEUU. Más allá de lo que pueda suceder con las elecciones tras la difusión de los casos de coronavirus en el país, la “lucha al castro-chavismo” es un eje fundamental para cualquier republicano que aspire a sumar los votos de la comunidad latina. Algo de lo que Trump está particularmente necesitado, vistas las últimas encuestas, en su carrera para la reelección.